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AN aprobó Ley aprobatoria del Protocolo de Convención contra tortura, otros tratos y penas crueles


La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Aprobatoria al “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, a fin de establecer supervisiones periódicas a los centros de reclusión, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.


La diputada por el Estado Miranda, Delsa Solórzano al iniciar el debate afirmó que la Asamblea Nacional una vez más hace historia al suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para que pase a ser parte formal de la legislación interna de venezolana.


“Esto es un hecho histórico porque representa una muestra de lo que debe ser el jefe de un Estado que está muy claro y consciente, para lo primero que hay que hacer, que es cumplir la ley y lo segundo respetar los derechos de cada uno de los venezolanos “.


Indicó que en Venezuela se violan los Derechos Humanos todo el tiempo, no se cuentan con los servicios públicos básicos. “No tenemos agua, luz, seguridad, derecho a la salud, no hay respeto a la vida, a la alimentación y a la identidad. Además, si la gente protesta por todas estas necesidades lo ponen preso y lo torturan “.

Aseguró que, en las prisiones políticas del país, hay decenas de venezolanos preso que son torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que es muy importante que se haya aprobado este instrumento legal de protección de los ciudadanos.


Agregó que la aprobación de este instrumento legal es muy oportuna, precisamente al cumplirse un año de la visita al país, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien en su informe hizo varias recomendaciones que no se cumplieron, por el contrario, en Venezuela el régimen sigue cometiendo violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, aspecto que ratificó en un segundo informe la señora Bachelet.


Finalmente intervino la diputada por el estado Amazonas Mauligmer Baloa, destacó aspectos del informe de la alta Comisionada Michelle Bachelet, como los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que han cometidos los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana, en algunos barrios del país.


“Solo en julio del año 2019 se identificaron 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones por parte de esos cuerpos de represión. Hay una ausencia de mecanismos eficaces para proteger a testigos y familiares de las víctimas que en su mayoría son mujeres”.


Agregó que llamó la atención de la Alta Comisionada para los DD.HH Michelle Bachelet el aumento de funcionarios militares en territorios indígenas Pemón. “Allí Bachelet denunció la muerte del hermano wuarao, presuntamente ejecutado por el FAES, así como el de un líder indígena hermano kurripako del Estado Amazonas, presuntamente por la Guardia Nacional”, comentó la diputada Baloa.


“Recordó las agresiones del 5 de enero de este año cuando no permitieron que los diputados entráramos a la Asamblea Nacional, el secuestro de los diputados Gilber Caro Y Renzo Prieto, las agresiones a los periodistas, allanamientos de las sedes de los partidos políticos, hostigamiento a las sedes universitarias, restricciones a las libertades sindicales y por último no lo dice la Comisionada lo decimos nosotros, como ha sido violada la libertad de expresión de todos los médicos que han querido llamar la atención por la falta de insumos y medicamentos en cada uno de los recintos hospitalarios donde están recibiendo pacientes por la COVID-19”.


Dijo que, en el nuevo informe de la Alta Comisionada, refleja su preocupación por el patrón de las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas; las graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela; registra 38 presuntas ejecuciones entre mayo de 2019 y lo que va de 2020 a manos del régimen de Maduro y suscribe que los presos no tienen acceso a la atención médico asistencial.


“La Fracción Parlamentaria de UNT apoya el petitorio de la alta Comisionada de la ONU, de la libertad para los presos políticos, el respeto a su condición humana, sus derechos humanos y por supuesto a las garantías judiciales de acuerdo a lo que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela”, concluyó la diputada de Amazonas.

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